El rol de la Fiscalía General de la República en la investigación del delito del prevaricato

Abstract

En la presente investigación se establece el papel que desempeña la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, en la investigación del delito de Prevaricato, previsto y sancionado en el artículo 310 del código penal, basándonos en aspectos teóricos, doctrinarios, así como en la realidad actual, enmarcándonos en la función que la Constitución le otorga a la Fiscalía General de la República, en el artículo 193 numerales 3º y 4º. Se desarrollará de forma clara y precisa algunos conceptos del delito de prevaricato, tanto doctrinales, legislativo así como el aportado por los autores de la presente investigación; quienes pueden incurrir en dicho delito, según la legislación salvadoreña y principalmente el papel que la Fiscalía General de la República, desempeña en la investigación del delito en referencia, puesto que por su naturaleza, previo a ser procesados los Magistrados y los Jueces, debe existir una declaratoria de formación de causa hecha por la Corte Suprema de Justicia, si el funcionario imputado es un Juez o por la Asamblea Legislativa, en el caso de los Magistrados, en cumplimiento a lo establecido en el artículo doscientos treinta y nueve y doscientos treinta y seis de la Constitución de la República. El lector podrá conocer como clasifican al prevaricato los diferentes autores y en que difieren; Así mismo, podrá observar, que si bien la legislación penal salvadoreña se ha ubicado dentro de la Reforma Judicial, a partir del 20 de abril de 1998, para la consolidación de la misma, a fin de equipararla a las leyes penales del resto de países latinoamericanos, este delito no se ha podido estandarizar, puesto que en nuestro país el delito de prevaricato es aplicable únicamente a los jueces, magistrados, árbitros y secretarios, según lo establece el artículo 310 del código penal, no así en países como Argentina, en cuya legislación el delito de prevaricato se aplica, además de los jueces a los abogados, mandatarios, asesores, fiscales y otros funcionarios.